27 de septiembre de 2026: seis afirmaciones medioambientales pasan a ser desleales de forma automática

Kiril ShivachevKiril Shivachev•Publicado el •Actualizado el •9 minutos de lectura
Una etiqueta de ropa blanca y vacía colgada sobre una tela roja, con luz rasante.

Dentro de veintiséis días, una afirmación sobre un producto que hasta ahora era solo arriesgada pasará a ser desleal de forma automática. Sin margen para discutirlo ni valoración caso por caso: desleal en cualquier circunstancia, igual que una falsa cuenta atrás.

La norma es la Directiva (UE) 2024/825, sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, y se aplica a partir del 27 de septiembre de 2026. No es una norma sobre el pasaporte ni forma parte del ESPR. Regula lo que se puede decir sobre un producto y, para la mayoría de los fabricantes de nuestros sectores, llega años antes que cualquier obligación de pasaporte.

La fecha se mantiene aunque la ley no haya llegado

La Directiva 2024/825 se aplica el 27 de septiembre de 2026 tanto si un Estado miembro ha terminado de transponerla como si no. Conviene decirlo con claridad, porque la transposición ha ido mal. El plazo era el 27 de marzo de 2026, y el 28 de mayo de 2026 la Comisión abrió procedimientos de infracción contra 20 Estados miembros por no haber comunicado la transposición completa, entre ellos Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, España, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal.

Alemania terminó el 19 de febrero de 2026 e Italia el 9 de marzo de 2026. Así que un fabricante de muebles de uno de los países rezagados que vende en Alemania ya está sujeto a la versión alemana de estas normas, haga lo que haga después su propio Gobierno.

Una precisión más sobre el marco jurídico. La Directiva sobre alegaciones ecológicas, que habría añadido un control previo a la publicación de una afirmación, fue señalada por la Comisión para su retirada el 20 de junio de 2025. La Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores es la norma vigente de la UE contra el greenwashing, lo que la propia Directiva 2024/825 llama «ecoimpostura». Si un proveedor o un consultor está planificando en función de la Directiva sobre alegaciones ecológicas, está planificando en torno a una propuesta que no va a llegar.

Seis afirmaciones que dejan de ser discutibles

La Directiva 2024/825 añade seis prácticas al anexo I de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. El anexo I es la lista negra: prácticas desleales en cualquier circunstancia, sin ponderación y sin margen para alegar que los consumidores no fueron realmente engañados.

Las primeras son las afirmaciones medioambientales genéricas. «Respetuoso con el medio ambiente», «verde», «respetuoso con el clima» quedan prohibidas salvo que pueda demostrarse un comportamiento medioambiental excelente reconocido, lo que en la práctica significa la etiqueta ecológica de la UE o un sistema de tipo I según la norma ISO 14024, como el Cisne Nórdico o el Ángel Azul. Una afirmación genérica puede salvarse si se concreta, con el detalle en el mismo medio que la afirmación. La Comisión ha indicado que, cuando no hay espacio para concretarla, por lo general no debería hacerse.

Después vienen las afirmaciones de neutralidad de carbono basadas en la compensación: «climáticamente neutro», «neutro en CO₂», «carbono positivo», «cero emisiones netas», «compensado climáticamente». Solo se mantienen las afirmaciones sobre el impacto real a lo largo del ciclo de vida.

A continuación, los distintivos de sostenibilidad que no se basan en una certificación de tercero ni en un sistema establecido por las autoridades públicas. Puede seguir teniendo su propio distintivo, pero el sistema debe estar abierto a los competidores y verificado por una entidad jurídica independiente distinta.

Las tres últimas pasan más desapercibidas y atrapan a más empresas. Presentar un requisito legal como un rasgo distintivo pasa a ser desleal, lo que impide anunciar el cumplimiento normativo como una ventaja. También lo es hacer una afirmación sobre todo el producto cuando solo cumple un componente: una «camiseta reciclada» cuyo contenido reciclado son las costuras. Y lo son las prácticas de obsolescencia precoz, incluido ocultar información sobre los efectos negativos de una actualización de software.

No existe un índice de reparabilidad para textiles, muebles, productos de construcción ni acero

El índice de reparabilidad es el detalle que más se malinterpreta en este ámbito. El índice de reparabilidad de la UE, de la A a la E, solo existe para teléfonos inteligentes, tabletas y teléfonos inalámbricos, en cuya etiqueta energética figura desde el 20 de junio de 2025. No existe para textiles, muebles, materiales de construcción ni hierro y acero.

La obligación de información precontractual de la Directiva sobre derechos de los consumidores, en su versión modificada, tiene dos vertientes por diseño. Cuando existe un índice de reparabilidad establecido a escala de la Unión, se comunica el índice. Cuando no existe, se comunica en su lugar la información de reparación del productor: si la reparación es posible, cuánto cuesta aproximadamente y qué debe hacer el cliente para solicitarla.

En los cuatro grupos de productos con los que trabajamos, la que obliga a partir del 27 de septiembre es la segunda. Cualquier proveedor que le diga a un fabricante de muebles que este septiembre necesita un índice de reparabilidad en el lineal está describiendo una norma que todavía no existe para su sector. La obligación es real; el índice, no.

El código QR de la etiqueta GARAN no abre un pasaporte de producto

El Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1960 de la Comisión fija el diseño de dos herramientas para el punto de venta que serán obligatorias el mismo día, el 27 de septiembre de 2026. La primera es un aviso armonizado de la UE sobre la garantía legal: un cartel o un recordatorio en el sitio web de que todo producto tiene una garantía legal de conformidad de al menos dos años. La segunda es una etiqueta armonizada de durabilidad llamada GARAN.

GARAN obliga al comerciante, no al productor, y solo en un caso concreto: cuando un productor ofrece una garantía comercial de durabilidad sin coste adicional para el consumidor, que cubre todo el bien y no un solo componente, dura más de dos años y se pone a disposición del comerciante. El diseño está cerrado: un título fijo, un símbolo de calendario, una marca de verificación y un código QR, con un tamaño físico mínimo de 95 por 100 milímetros. Solo pueden cambiar la duración en años, la marca y el modelo.

Ese código QR lleva al portal de la Comisión sobre la garantía legal en Tu Europa. No abre un pasaporte digital de producto, y quien le diga lo contrario le está vendiendo algo. Lo que sí es cierto, y más útil, es que el punto de venta se está llenando de información a la que se accede por QR, y que una garantía de durabilidad solo es creíble si de verdad dispone de datos de durabilidad y de vida útil prevista del producto.

Textiles y muebles necesitan datos de nivel de pasaporte antes de que exista el pasaporte

La Directiva 2024/825 crea un problema de calendario que casi nadie tiene previsto. Sus obligaciones sobre afirmaciones se aplican a partir del 27 de septiembre de 2026. El acto delegado del ESPR para textiles se espera hacia 2027, y la obligación del pasaporte llegaría unos 18 meses después; el de muebles se espera en 2028, es decir, hacia 2029 o 2030. Eso deja un hueco de tres años o más en el que tendrá que justificar sus afirmaciones medioambientales con el nivel de prueba que el pasaporte está pensado para ofrecer, sin que la ley le exija todavía el pasaporte.

Los campos son los mismos: composición de materiales y contenido reciclado verificados, huella a lo largo del ciclo de vida, durabilidad y vida útil prevista, reparabilidad, disponibilidad de piezas de recambio, información de reparación y condiciones posventa. La Directiva 2024/825 no pide un pasaporte; pide pruebas claras, objetivas, públicamente disponibles y verificables, y esas son las propiedades que tienen los datos de producto estructurados y de las que carece una frase de marketing.

Este es el argumento de peso para empezar pronto, y no tiene nada que ver con el plazo del pasaporte. Las empresas que disponen de estos datos pueden hacer afirmaciones concretas que sustituyan a las genéricas prohibidas. Las que no, verán que lo más seguro es no decir nada, lo que también tiene un coste comercial.

La sanción y lo que realmente le protege

Las infracciones de la Directiva 2024/825 se sancionan con arreglo a la Directiva de modernización (UE) 2019/2161. Para las infracciones generalizadas, establece una multa máxima de al menos el 4 % del volumen de negocios anual o, cuando no se disponga de datos sobre el volumen de negocios, de al menos 2 millones de euros. Los Estados miembros pueden fijar importes más altos, y la aplicación corresponde a las autoridades nacionales de protección de los consumidores, que trabajan a través de la red de cooperación CPC.

El control es posterior a la comercialización. Nadie aprueba su afirmación por adelantado, así que la pregunta nunca es «¿se autorizó esto?», sino «¿qué pruebas tenía usted en el momento en que se lo pidió la autoridad?». La respuesta a esa pregunta son datos estructurados, con fecha y hora, a nivel de producto. Un informe de sostenibilidad no lo es, salvo que la afirmación saliera de él.

Ya hay precedentes con las normas anteriores. La autoridad neerlandesa ACM exigió a H&M que revisara su etiquetado «Conscious» y «Conscious Choice» por carecer de definiciones claras y de pruebas que lo respaldaran, y llamó la atención a Decathlon por afirmaciones de «Ecodesign» sin fundamento. Ambos casos ocurrieron antes de que la Directiva 2024/825 endureciera nada. A partir del 27 de septiembre, en casos así ya no hará falta discutir si los consumidores fueron engañados.

Qué hacer en los próximos veintiséis días

Reúna todas las afirmaciones medioambientales que hace actualmente: en el envase, en el sitio web, en el catálogo, en la documentación de licitaciones. Para cada una, anote qué prueba le entregaría a un inspector. Cuando la prueba sea una garantía verbal del proveedor y no un documento, esa es la afirmación que debe cambiar primero.

Si quiere ver cómo es la capa de pruebas cuando está estructurada en lugar de simplemente afirmada, nuestros pasaportes de demostración muestran los campos de un mueble real, un ladrillo cerámico y una batería, con las fuentes adjuntas. Y si está averiguando qué norma afecta antes a sus productos, la calculadora de plazos se lo dice en aproximadamente un minuto.

Fuentes

  1. Directiva (UE) 2024/825 — eur-lex.europa.eu
  2. Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1960 de la Comisión — eur-lex.europa.eu
  3. Directiva de modernización (UE) 2019/2161 — eur-lex.europa.eu

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