Una licitación que le pide el pasaporte de su producto

El 9 de septiembre de 2026 la Comisión Europea publicó un texto sobre contratación pública que menciona expresamente el pasaporte digital de producto. La COM(2026) 590 final sustituiría las tres directivas de contratación de 2014 por un único reglamento directamente aplicable y, en tres lugares distintos, trata el pasaporte como algo que un comprador público puede pedir a un proveedor.

Es una propuesta. Se ha remitido al Parlamento y al Consejo, no se ha nombrado ponente y no lleva fecha de aplicación. Nada de lo que contiene obliga hoy a nadie a nada. Lo que sí muestra es hacia dónde va el pasaporte: del expediente de cumplimiento normativo al expediente de licitación.

Un comprador público podrá pedirle la declaración de conformidad a través del pasaporte

El artículo 92 de la propuesta de Ley de Contratación Pública se titula «Medios de prueba de los requisitos de los productos». Su apartado 1 dice:

Los compradores públicos podrán exigir que los operadores económicos aporten una declaración de conformidad o una declaración de prestaciones y de conformidad de un producto a través del pasaporte digital del producto con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1781 o, cuando este aún no exista, por otros medios electrónicos equivalentes, como medio de prueba de la conformidad o del cumplimiento de los requisitos o criterios establecidos en las especificaciones, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de los contratos.

«Podrán», no «deberán». El comprador que aplique el artículo 92, apartado 1, lo hará porque así lo decide, y la misma frase permite a un proveedor sin pasaporte demostrar lo mismo por otros medios electrónicos. Pero fíjese en lo que se pide que lleve el pasaporte: la declaración de conformidad, o la declaración de prestaciones y de conformidad, como prueba frente a las especificaciones, los criterios de adjudicación y las condiciones de ejecución del contrato. Son los tres puntos de una licitación en los que un proveedor gana o pierde.

Hasta ahora, todos los motivos para crear un pasaporte venían de un regulador. Este es el primer texto de la UE en el que el motivo viene de un cliente.

El origen de sus productos también tendría que figurar en el pasaporte

La obligación sobre el origen está en el artículo 28, apartado 4, de la misma propuesta, el artículo dedicado a acreditar la admisibilidad. Su párrafo segundo dice: «Si así se requiere para aplicar los requisitos del artículo 73, apartado 2, los operadores económicos indicarán el país de origen de los productos que integran su oferta y, cuando proceda, lo incorporarán al pasaporte digital del producto de dichos productos con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1781».

El artículo 73, apartado 2, es el mecanismo de preferencia europea. El comprador público puede exigir que los productos ofertados sean originarios de la Unión, puede conceder puntos adicionales o aplicar una reducción ficticia del precio a las ofertas con mayor contenido de la Unión, y puede rechazar una oferta cuando los productos de la Unión o los productos cubiertos valgan menos del 50 % de su valor estimado. El artículo 74 establece cómo se determina el origen y, para las mercancías, remite al código aduanero de la Unión. Dicho de otro modo, el pasaporte se está preparando para llevar un dato comercial, no solo uno ambiental.

El artículo 28, apartado 4, también prevé consecuencias. Si un operador económico no facilita la información sobre el origen sin una explicación razonable, y con ello hace imposible o muy difícil la verificación, el operador o su oferta pueden quedar excluidos del procedimiento.

Para ocho reglamentos concretos, los criterios ecológicos dejan de ser opcionales para el comprador

El artículo 54 es el que dice «deberán». Cuando un comprador público adquiera productos, familias de productos o tecnologías cubiertos por los actos del anexo VII, tendrá que exigir características ambientales en las especificaciones, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato, y expresarlas mediante las clases, los niveles de prestaciones, los umbrales o los requisitos de sostenibilidad que fijan esos actos. El anexo VII enumera ocho reglamentos. Los cinco primeros:

• Reglamento (UE) 2024/3110, el Reglamento de productos de construcción
• Reglamento (UE) 2024/1781, el ESPR, del que procede el pasaporte digital de producto
• Reglamento (UE) 2023/1542, relativo a las pilas y baterías y sus residuos
• Reglamento (UE) 2025/40, sobre los envases y residuos de envases
• Reglamento (UE) 2024/1735, el Reglamento sobre la industria de cero emisiones netas

Después vienen los dos reglamentos sobre emisiones de CO₂, el de vehículos pesados y el de turismos y furgonetas, y el reglamento de etiquetado de neumáticos. Los productos de construcción encabezan la lista, lo que importa porque las obras públicas son la mayor partida de las compras públicas. El artículo 54, apartado 2, permite a la Comisión fijar las características exactas mediante un acto delegado, y ese acto delegado no existe. El artículo 54, apartado 3, permite al comprador eludirlo en dos casos muy concretos: cuando solo hay un proveedor posible sin sustituto razonable, o cuando el coste es desproporcionado y hay incompatibilidad técnica.

Para un fabricante, la lectura práctica es breve. Las clases de prestaciones que salgan del acto delegado del ESPR para su sector dejarían de ser solo una condición para introducir los productos en el mercado. Pasarían a ser el vocabulario de la licitación.

El artículo del ESPR sobre contratación pública sale del ESPR

El artículo 147, apartado 1, de la propuesta modifica el Reglamento (UE) 2024/1781: «Se suprime el artículo 65; en el artículo 74, apartado 3, se suprime la letra b)». Las referencias a esas dos disposiciones se entenderían entonces hechas a los artículos 54 y 26, apartado 1, letra a), del nuevo Reglamento.

El mismo artículo hace lo mismo con otros cuatro instrumentos: el artículo 85 del Reglamento de baterías, el artículo 83 del Reglamento de productos de construcción, el artículo 63 del Reglamento de envases y el artículo 25, apartados 4 y 5, del Reglamento sobre la industria de cero emisiones netas. La razón que da la Comisión es que cinco instrumentos sectoriales habían ido creando cada uno sus propias facultades para fijar requisitos de contratación pública ecológica, y que el resultado está descoordinado.

Si sigue de cerca un reglamento porque regula sus productos, esta es la parte en la que debe fijarse. Las normas de contratación vinculadas a él pasarían a otro acto, y la referencia que tiene guardada apuntaría a un artículo suprimido.

No hay fecha, y la propuesta no finge lo contrario

Según el artículo 149, el Reglamento entraría en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial y se aplicaría a partir de una fecha situada dos años después. En el texto publicado, esa fecha sigue siendo una instrucción entre corchetes dirigida a la Oficina de Publicaciones, porque la entrada en vigor no se ha producido y todavía no puede fijarse.

El expediente está al principio del procedimiento legislativo ordinario. El Consejo lo registró el 10 de septiembre de 2026 como documento 12969/26. En el Parlamento, el procedimiento 2026/0265(COD) está en fase preparatoria, con la comisión competente y el ponente aún por designar. El Parlamento y el Consejo pueden cambiar cualquier parte del texto citado en este artículo, y lo normal es que lo hagan.

Conviene conocer un límite más, porque decide si algo de esto llega a afectarle. El Reglamento se aplicaría por encima de los umbrales de la UE fijados en el artículo 2: 140.000 € para suministros y servicios adquiridos por la administración central, 216.000 € para los compradores subcentrales, 432.000 € en los sectores especiales, 750.000 € para los servicios sociales, sanitarios y educativos, y 5.404.000 € para obras y concesiones. Por debajo de esos importes rigen las normas nacionales de contratación.

Qué conviene hacer mientras siga siendo una propuesta

No mucho. Pero hay dos cosas que casi no cuestan nada y que serán útiles pase lo que pase con este texto.

La primera es saber si sus productos están cubiertos por alguno de los actos del anexo VII. Los productos de construcción, las baterías, los envases y las tecnologías de cero emisiones netas se citan directamente. Para todo lo demás, el camino pasa por el ESPR y sus actos delegados, y en nuestro registro de cambios normativos recogemos las fechas y los avances.

La segunda es comprobar si sus datos de producto podrían generar una declaración cuando se la pidan. El artículo 92 pide una declaración de conformidad entregada a través de un pasaporte. Una empresa que guarda sus declaraciones en PDF en una carpeta compartida cumple perfectamente hoy la normativa de producto, y aun así tendría un mes de trabajo por delante el día en que un comprador le haga la pregunta en esos términos.

La contratación pública supone en torno al 15 % del producto interior bruto de la UE, según la exposición de motivos que acompaña a la propuesta. Ese es el tamaño del cliente que acaba de recibir un motivo para preguntar por el pasaporte. Todavía no lo ha hecho. Si suministra productos de construcción o cualquier otro grupo del anexo VII, el momento más barato para ordenar los datos es antes de que lo haga.