Cómo convierte el pasaporte digital la reparabilidad en una obligación

Anita Kisimova-DzakovaAnita Kisimova-Dzakova•Publicado el •Actualizado el •3 minutos de lectura
Pasaporte digital de producto para textiles con un código de barras e información del producto

Durante décadas, el modelo de negocio de muchos fabricantes se ha basado en la llamada obsolescencia programada: diseñar productos que se estropean o envejecen antes de lo técnicamente necesario, y hacerlo a propósito. Una batería pegada para que no se pueda cambiar. Un móvil cuyas piezas de recambio solo se venden durante 2 años. Una lavadora en la que reparar la placa de control cuesta más que comprar otra nueva.

La Unión Europea ha decidido acabar con esta práctica. La Directiva sobre el derecho a reparar y el ESPR convierten la reparabilidad en un requisito obligatorio, y el pasaporte digital de producto es el mecanismo tecnológico con el que ese requisito se hace cumplir en la práctica.

¿Qué dice la ley?

La Directiva sobre el derecho a reparar, aprobada por el Parlamento Europeo, obliga a los fabricantes a:

  • Ofrecer piezas de recambio durante un periodo mínimo después de dejar de vender el producto (de 7 a 10 años para los componentes clave)
  • Poner la documentación de reparación a disposición de los reparadores independientes a un precio razonable
  • No usar barreras técnicas ni de software para impedir que terceros reparen el producto
  • Calificar la reparabilidad del producto en una escala normalizada (índice de reparabilidad)

¿Cómo convierte el DPP estos requisitos en realidad?

Sin un pasaporte digital, el derecho a reparar se queda en una buena intención sobre el papel. El DPP es la herramienta práctica que lo hace efectivo, de tres maneras:

1. Documentación de desmontaje

El pasaporte tendrá que incluir esquemas de desmontaje que expliquen, paso a paso, cómo llegar a cada componente. Esta información estará disponible para los servicios técnicos autorizados y también para los reparadores independientes e incluso para los consumidores. Imagine que escanea el código QR de su aspiradora averiada y recibe al momento un vídeo que explica cómo cambiar el motor.

2. Catálogo de piezas de recambio

El DPP incluirá una lista completa de piezas de recambio con sus identificadores únicos. Esto permitirá a proveedores independientes fabricar piezas compatibles y evitará que un fabricante deje de suministrar recambios a propósito para obligar al consumidor a comprar un producto nuevo.

3. Índice de reparabilidad

Siguiendo el modelo que ya funciona en Francia, la UE introduce una calificación de reparabilidad obligatoria. Figurará en el DPP e indicará, en una escala, lo fácil que es reparar el producto. Esta puntuación influirá directamente en las tasas de RAP moduladas.

¿Qué sectores se ven más afectados?

  • Electrodomésticos y electrónica de consumo: lavadoras, frigoríficos, televisores y móviles; aquí los requisitos son más estrictos
  • Equipos TIC: portátiles, tabletas, impresoras
  • Herramientas eléctricas: taladros, lijadoras, maquinaria de jardín
  • Muebles: la atención se centra en que la tapicería y los mecanismos metálicos se puedan sustituir

Modelos de negocio que van a prosperar

El derecho a reparar, apoyado en el DPP, dará lugar a nuevos modelos de negocio:

  • Cafés de reparación y makerspaces: espacios donde los consumidores arreglan sus productos con ayuda de las instrucciones del DPP
  • Plataformas de recambios: marketplaces en los que fabricantes independientes ofrecen componentes compatibles
  • Modelos de producto como servicio: el fabricante vende el uso del producto en lugar del producto, así que le interesa que funcione durante mucho tiempo

Conclusión

Juntos, el derecho a reparar y el DPP asestan un golpe decisivo a la economía de usar y tirar. Para los fabricantes acostumbrados a ganar dinero con la sustitución frecuente de productos, es un reto serio. Para quienes diseñan pensando en la durabilidad, en cambio, el DPP es el altavoz con el que pueden contárselo a todo el mundo.


Nos preguntan:

Preguntas frecuentes

La obsolescencia programada es la práctica de diseñar a propósito productos que se estropean o se quedan anticuados antes de lo técnicamente necesario: baterías pegadas, piezas de recambio inaccesibles, reparaciones caras. La UE la combate con la Directiva sobre el derecho a reparar y el ESPR, y el DPP es el mecanismo tecnológico que lleva estos requisitos a la práctica.

Los fabricantes están obligados a ofrecer piezas de recambio durante un periodo de 7 a 10 años después de dejar de vender el producto, a poner la documentación de reparación a disposición de los reparadores independientes a un precio razonable, a no poner barreras técnicas ni de software a la reparación por terceros y a calificar la reparabilidad de sus productos en una escala normalizada.

En primer lugar, con esquemas de desmontaje obligatorios y accesibles para cualquier consumidor. En segundo lugar, con un catálogo completo de piezas de recambio con identificadores únicos, que permite a proveedores independientes fabricar componentes compatibles. En tercer lugar, con un índice de reparabilidad que califica lo fácil que es reparar un producto e influye directamente en las tasas de RAP moduladas.

Los más afectados son los electrodomésticos y la electrónica de consumo (lavadoras, frigoríficos, televisores y móviles), los equipos TIC como portátiles e impresoras, las herramientas eléctricas y los muebles, donde la atención se centra en que la tapicería y los mecanismos metálicos se puedan sustituir.

Se esperan tres modelos nuevos: cafés de reparación y makerspaces donde los consumidores arreglan sus productos con ayuda de las instrucciones del DPP; plataformas de recambios en las que fabricantes independientes ofrecen componentes compatibles; y modelos de producto como servicio, en los que el fabricante vende el uso del producto en lugar del propio producto.

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