Primer día de la prohibición de afirmaciones medioambientales: qué cambió y dónde no

Desde el 27 de septiembre de 2026, decir que un producto es «respetuoso con el medio ambiente» sin poder demostrarlo es una práctica comercial incluida en la lista negra en toda la Unión Europea. También lo es llamarlo «climáticamente neutro» gracias a compensaciones compradas, y utilizar un distintivo de sostenibilidad propio cuando el sistema que lo respalda no es un sistema de certificación ni lo ha establecido una autoridad pública.

Es lo que dispone la Directiva (UE) 2024/825. Su artículo 4, apartado 1, es inusualmente claro sobre la fecha: los Estados miembros «aplicarán dichas medidas a partir del 27 de septiembre de 2026».

Merece la pena leer esa frase despacio, porque no dice lo que la mayoría de las noticias le atribuyen.

Una directiva obliga a los Estados, no a los comerciantes

Las medidas que ahora se aplican son medidas nacionales. La directiva ordena a los Estados miembros que las adopten y las apliquen a partir de esa fecha. No llega por sí misma a una tienda para convertir una afirmación en ilegal.

Donde la transposición está hecha, la distinción es puramente teórica. La norma nacional existe y se aplica. Alemania terminó el 19 de febrero de 2026 e Italia el 9 de marzo. En esos mercados la lista negra ya se aplica, es exigible y lleva aparejadas sanciones nacionales.

Donde la transposición no está hecha, la obligación que venció el 27 de septiembre recae en el Gobierno, no en el comerciante. El 28 de mayo de 2026 la Comisión abrió procedimientos de infracción contra 20 Estados miembros por no haber comunicado la transposición completa. Los comerciantes de esos Estados están en una situación extraña: no tienen una nueva norma nacional que cumplir, pero tampoco un refugio seguro. La prohibición general de las prácticas engañosas nunca desapareció. Simplemente exigía una valoración caso por caso que la lista negra ahora suprime.

La consecuencia práctica afecta a las exportaciones, y es la razón por la que la distinción no le da tiempo a nadie. Un fabricante de un Estado que no ha transpuesto la directiva y vende en Alemania ya está sujeto a las normas alemanas. Las normas van con el mercado en el que se vende, no con el país en el que está registrada la empresa.

Bulgaria muestra lo justo que puede ir el calendario. Su ley de transposición se aprobó el 10 de septiembre de 2026 y se promulgó en el Diario Oficial búlgaro el 24 de septiembre, un día antes de que venciera el plazo constitucional de quince días y tres días antes de la fecha de la directiva. Las prohibiciones sobre afirmaciones medioambientales se aplican allí desde el 27 de septiembre. La ley llegó con seis meses de retraso respecto al plazo de transposición del 27 de marzo.

Qué figura realmente en la lista negra

El anexo I de la Directiva 2005/29/CE enumera las prácticas que se consideran desleales en cualquier circunstancia. No hay ponderación ni cabe alegar que los consumidores no fueron realmente engañados. La Directiva 2024/825, sobre el empoderamiento de los consumidores, amplía esa lista.

Afirmaciones medioambientales genéricas como «respetuoso con el medio ambiente», «verde», «respetuoso con el clima» o «sostenible», cuando el comerciante no puede demostrar un comportamiento medioambiental excelente reconocido que guarde relación con la afirmación. En la práctica, eso significa la etiqueta ecológica de la UE o un sistema de tipo I según la norma ISO 14024. Una afirmación genérica puede salvarse si se concreta en el mismo medio que la propia afirmación.

Afirmaciones de neutralidad de carbono basadas en la compensación: «climáticamente neutro», «neutro en CO₂», «cero emisiones netas», «compensado climáticamente». Se mantienen las afirmaciones sobre el impacto real del producto a lo largo de su ciclo de vida. Las compradas a un sistema de compensación, no.

Distintivos de sostenibilidad que no se basan en un sistema de certificación ni han sido establecidos por las autoridades públicas. Sigue siendo posible tener un distintivo propio, pero el sistema que lo respalda debe estar abierto a los competidores y verificado por un tercero independiente.

Hay tres prohibiciones menos llamativas que atrapan a más empresas que las de los titulares. Presentar un requisito legal como un rasgo distintivo, es decir, anunciar el cumplimiento normativo como una ventaja. Afirmar que todo el producto cumple cuando solo cumple un componente. Y las afirmaciones de durabilidad y reparabilidad que no se sostienen, incluido callar lo que una actualización de software hará al dispositivo.

La cifra del 4 %, bien explicada

Esta cifra se repite constantemente y casi siempre al revés, incluso por parte de quienes venden software de cumplimiento normativo.

El artículo 13, apartado 3, de la Directiva 2005/29/CE exige que, cuando se impongan sanciones con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2017/2394 (la vía de ejecución coordinada para las infracciones generalizadas), el importe máximo de la multa sea como mínimo del 4 % del volumen de negocios anual del comerciante en el Estado miembro o los Estados miembros de que se trate. Cuando no se disponga de datos sobre el volumen de negocios, el artículo 13, apartado 4, fija ese máximo en no menos de 2 millones de euros.

Así pues, el 4 % es un mínimo para el techo. No es una sanción mínima, no es lo que cuesta una primera infracción y no es una parte del volumen de negocios mundial. Los Estados miembros pueden fijar un límite más alto.

A cuánto asciende una multa concreta es una cuestión nacional, que deciden las autoridades nacionales con arreglo a una metodología nacional. La nueva ley búlgara limita la multa al 4 % del volumen de negocios obtenido en Bulgaria y deja el importe a una metodología de su autoridad de protección de los consumidores. A 28 de septiembre no hemos encontrado publicada esa metodología.

Por qué esto afecta a los datos del pasaporte

Lo que se prohíbe no es la sostenibilidad, sino la sostenibilidad sin pruebas.

Una afirmación genérica se salva concretándose, y concretar significa composición verificada, contenido reciclado medido, huella del ciclo de vida calculada, datos de durabilidad, información de reparación y disponibilidad de piezas de recambio. Son los campos que normaliza el pasaporte digital de producto.

La misma directiva añade una obligación de información que empieza en el fabricante. Cuando no existe un índice de reparabilidad de la UE para el bien (y hoy no existe ninguno para muebles ni textiles), el comerciante debe informar sobre la disponibilidad y el coste estimado de las piezas de recambio y el procedimiento para pedirlas, sobre la disponibilidad de instrucciones de reparación y mantenimiento y sobre las restricciones a la reparación. Lo establece el artículo 5, apartado 1, letra j), de la Directiva sobre derechos de los consumidores, y el artículo 6, apartado 1, letra v), para las ventas a distancia. La obligación se aplica «siempre que el productor ponga dicha información a disposición del comerciante». Un minorista que quiera mostrar el precio de una pieza de recambio se lo pedirá a usted. Y un precio que nadie ha calculado no se puede mostrar.

Eso coloca a los fabricantes de textiles, muebles, materiales de construcción y acero en una situación que parece contradictoria y no lo es: necesitan datos de nivel de pasaporte años antes de que el pasaporte sea obligatorio en su sector. El acto delegado para textiles se espera en 2027-2028. La obligación de no exagerar las virtudes de su producto ya se aplica.

Dos cosas que esto no es

No es la Directiva sobre alegaciones ecológicas. Esa propuesta, la que habría exigido verificar las afirmaciones antes de publicarlas, fue señalada por la Comisión para su retirada el 20 de junio de 2025. La Directiva 2024/825 es el instrumento vigente de la UE contra el greenwashing, lo que la propia directiva llama «ecoimpostura». Quien planifique en función de la Directiva sobre alegaciones ecológicas está planificando en torno a un texto que no va a llegar.

No es el ESPR, y ningún pasaporte pasó a ser obligatorio el 27 de septiembre. El ESPR es el Reglamento (UE) 2024/1781, en vigor desde el 18 de julio de 2024, que se desarrolla mediante actos delegados por grupo de productos. Esta directiva regula lo que se puede decir, no lo que hay que publicar.

Un instrumento relacionado llega en la misma fecha y es fácil de confundir: el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1960 de la Comisión introduce un aviso armonizado sobre la garantía legal y la etiqueta de durabilidad «GARAN». El código QR de esa etiqueta lleva al portal Tu Europa de la Comisión, no a un pasaporte de producto. Y el índice de reparabilidad de la UE, de la A a la E, que existe desde el 20 de junio de 2025, sigue cubriendo solo teléfonos inteligentes y tabletas. Para textiles, muebles, materiales de construcción y acero, la obligación aplicable es la información sobre reparación, no un índice.

El resumen completo está en nuestra página sobre la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores, y la fecha figura en nuestros cambios normativos.

Fuentes: Directiva (UE) 2024/825, artículo 4, apartado 1 · Directiva 2005/29/CE, artículo 13, apartados 3 y 4, texto consolidado 02005L0029-20220528 · Reglamento (UE) 2017/2394, artículo 21 · Paquete de procedimientos de infracción de la Comisión, 28 de mayo de 2026 · Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1960 de la Comisión · Diario Oficial de Bulgaria, número extraordinario n.º 87 de 24 de septiembre de 2026 · Directiva 2011/83/UE, artículo 5, apartado 1, letra j), y artículo 6, apartado 1, letra v), modificada por la Directiva (UE) 2024/825.